TIERRA DE POCOS
Publicado en el Diario Útima Hora el 24 de mayo de 2008
Las tierras apropiadas para el cultivo y no explotadas convenientemente deben ser necesariamente redistribuidas entre los campesinos que se comprometan a trabajarla.
Muchos piensan, con razón, que las ocupaciones de tierra, que se suceden una tras otra luego del histórico 20 de abril, ocultan intenciones no tan santas. Las dudas afloran como tantos otros hechos inexplicables. Y es que resulta hasta extraña y llamativa su coincidencia con la elección como Presidente de la República de una persona identificada precisamente con las luchas campesinas por el derecho a la tierra.
A su vez, la posición ambigua del Presidente electo ante la firme y contraria postura de los liberales, con quienes compartirá el poder. Y el esfuerzo del electo Vicepresidente por intentar justificar tamaño contrasentido. O los primeros desencuentros acerca de la tenencia de la tierra entre los “aliados” liberales y partidos de izquierda.
Y que me dicen de los zalameros e innecesarios halagos del primer hermano Pompeyo Lugo sobre los “dotes democráticos” de Nicanor Duarte Frutos junto a su reciente proclamación como precandidato a presidir el flamante partido opositor, pañuelo rojo al cuello, como rememorando aquellos tiempos cuando el supremo dictador prohibía al tío Epifanio pisar polvo patrio … Son apenas algunos anuncios de que la tierra dará todavía que hablar, demasiada tinta que gastar, bastante tela que cortar y mucho que “negociar”.
Pero hay una realidad que no acepta reparos ni discusiones: el hambre carece de ideología y estas sinrazones resultan caldo de cultivo para los especialistas en pescar en río revuelto. Y para hablar con propiedad recurro a datos y acontecimientos ciertos sin sesgos ni manipulación alguna. Es así que al campesinado paraguayo el gobierno -durante las décadas del ‘60 y del ’70- le otorgaba 20 hectáreas; después -durante la década del 80- la entrega se redujo a 10 hectáreas; sin embargo, en los años 50/60 a los emigrantes extranjeros se les otorgó como base, 100 hectáreas, en la zona de mejor rendimiento de una de las regiones más ricas del país.
La inequidad fue justificada con una idea preponderante en esa época “que el campesino paraguayo no sabe trabajar”. A esto se suma la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC), revelando que Paraguay es uno de los países con mayor concentración de tierras productivas. Y hasta el índice Gini -que se utiliza para medir la distribución de ingresos- cuyo rango oscila del 0 al 1, señala que en nuestro país el índice de concentración de tierra es negativo, o sea, menor a la unidad.
El nuevo gobierno, porque el actual no existe, debe encontrar una solución a esta problemática. Las tierras apropiadas para el cultivo y no explotadas convenientemente deben ser necesariamente redistribuidas entre los campesinos que se comprometan a trabajarla. Y en justicia, deben expropiarse aquellos latifundios que -tanto en tiempos de dictadura como en democracia- fueron adjudicados por el Instituto de Bienestar Rural (IBR) en nombre de una mal llamada Reforma Agraria. O sea, que las futuras acciones gubernamentales -si realmente se pretende solucionar este lacerante asunto- deberían conducir a la recuperación y reasignación del millón y pico de hectáreas que están en manos de tenedores ilegales.
Las tierras apropiadas para el cultivo y no explotadas convenientemente deben ser necesariamente redistribuidas entre los campesinos que se comprometan a trabajarla.
Muchos piensan, con razón, que las ocupaciones de tierra, que se suceden una tras otra luego del histórico 20 de abril, ocultan intenciones no tan santas. Las dudas afloran como tantos otros hechos inexplicables. Y es que resulta hasta extraña y llamativa su coincidencia con la elección como Presidente de la República de una persona identificada precisamente con las luchas campesinas por el derecho a la tierra.
A su vez, la posición ambigua del Presidente electo ante la firme y contraria postura de los liberales, con quienes compartirá el poder. Y el esfuerzo del electo Vicepresidente por intentar justificar tamaño contrasentido. O los primeros desencuentros acerca de la tenencia de la tierra entre los “aliados” liberales y partidos de izquierda.
Y que me dicen de los zalameros e innecesarios halagos del primer hermano Pompeyo Lugo sobre los “dotes democráticos” de Nicanor Duarte Frutos junto a su reciente proclamación como precandidato a presidir el flamante partido opositor, pañuelo rojo al cuello, como rememorando aquellos tiempos cuando el supremo dictador prohibía al tío Epifanio pisar polvo patrio … Son apenas algunos anuncios de que la tierra dará todavía que hablar, demasiada tinta que gastar, bastante tela que cortar y mucho que “negociar”.
Pero hay una realidad que no acepta reparos ni discusiones: el hambre carece de ideología y estas sinrazones resultan caldo de cultivo para los especialistas en pescar en río revuelto. Y para hablar con propiedad recurro a datos y acontecimientos ciertos sin sesgos ni manipulación alguna. Es así que al campesinado paraguayo el gobierno -durante las décadas del ‘60 y del ’70- le otorgaba 20 hectáreas; después -durante la década del 80- la entrega se redujo a 10 hectáreas; sin embargo, en los años 50/60 a los emigrantes extranjeros se les otorgó como base, 100 hectáreas, en la zona de mejor rendimiento de una de las regiones más ricas del país.
La inequidad fue justificada con una idea preponderante en esa época “que el campesino paraguayo no sabe trabajar”. A esto se suma la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC), revelando que Paraguay es uno de los países con mayor concentración de tierras productivas. Y hasta el índice Gini -que se utiliza para medir la distribución de ingresos- cuyo rango oscila del 0 al 1, señala que en nuestro país el índice de concentración de tierra es negativo, o sea, menor a la unidad.
El nuevo gobierno, porque el actual no existe, debe encontrar una solución a esta problemática. Las tierras apropiadas para el cultivo y no explotadas convenientemente deben ser necesariamente redistribuidas entre los campesinos que se comprometan a trabajarla. Y en justicia, deben expropiarse aquellos latifundios que -tanto en tiempos de dictadura como en democracia- fueron adjudicados por el Instituto de Bienestar Rural (IBR) en nombre de una mal llamada Reforma Agraria. O sea, que las futuras acciones gubernamentales -si realmente se pretende solucionar este lacerante asunto- deberían conducir a la recuperación y reasignación del millón y pico de hectáreas que están en manos de tenedores ilegales.
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