TOLERANCIA Y ACCOUNTABILITY

Publicado en el Diario Útima Hora el 8 de noviembre de 2008

Un Estado que no socializa la gestión del gobierno, corre el riesgo de ser colonizado por los grupos más fuertes de la sociedad civil que no siempre resultan los mas representativos ni los mas comprometidos con el interés común.

No encuentro explicación a la absurda intolerancia de los sectores campesinos y grupos sociales al exigir soluciones rápidas a los ingentes problemas nacionales cuando el nuevo gobierno cuenta con apenas 86 días en el poder.

Estos grupos que se autodenominan “progresistas” nunca antes se manifestaron con tanta violencia en sus reclamos.

Son los mismos que toleraron 61 años de gobierno republicano.

Callaron, negociaron y sostuvieron durante más de seis décadas a una clase política que se encargó de vaciar las arcas, que cometió atrocidades contra los derechos humanos, que hizo uso y abuso de los bienes públicos, que envió al exilio político y económico a más de 4 millones de paraguayos, que abrió las puertas a advenedizos “banqueros” extranjeros que terminaron estafando a paraguayos quebrando fraudulentamente bancos e instituciones financieras.

Yo en lugar de tanto desatino, salvo que estén gestando la vuelta al pasado que muchos extrañarán, exigiría ahora rendición de cuentas públicas al gobierno saliente y dejaría trabajar con tranquilidad prudencial al gobierno del cambio histórico producido el 20 de abril de 2008.

Exigiría a Nicanor Duarte Frutos & Co. accountability, que significa “responsabilidad” en términos de transparencia y rendición de cuantas públicas.

Accountability, implica obligación de rendir cuentas y asumir responsabilidades ante los ciudadanos, impuesta a aquellos que detentan el poder del Estado.

Se refiere no solo a la premisa de rendición de cuentas sino además a la definición de los objetos sobre los cuales han de rendirse esas cuentas.

En este contexto, la rendición de cuentas a la sociedad implica no solo la obligación de todo Gobierno de mantener informados a los ciudadanos acerca de sus decisiones y acciones -por medio de canales de participación y control- sino también conlleva la posibilidad de que ello dé lugar a denuncias y sanciones.

También existe otra condición que se refiere a la imprescindible democratización del acceso a la información referida al sector público.

Es decir, que el Estado debe procurar arbitrar las políticas necesarias para poner en conocimiento de los ciudadanos sus derechos en su relación con la administración pública, como los canales e instituciones existentes para su ejercicio.

Asimismo, debe generar una información lo más objetiva y fidedigna posible.

Y en aquellas áreas técnicas cuya información resulta excesivamente compleja, es necesario que la misma sea traducida en términos de fácil comprensión para los ciudadanos.

Hasta ahora -que se sepa- el único informe que recibe la ciudadanía de la gestión de un gobierno es el que brinda el Poder Ejecutivo en ocasión del inicio de cada período anual parlamentario, por imposición de la Constitución Nacional.

Mientras que los Poderes Legislativo y Judicial nunca han rendido cuenta de sus actos a la sociedad.

Las relaciones y responsabilidades entre ciudadanos, políticos y burócratas redundará en un incremento del poder de la sociedad.

Un Estado que no socializa la gestión del gobierno, corre el riesgo de ser colonizado por los grupos más fuertes de la sociedad civil que no siempre resultan los mas representativos ni los mas comprometidos con el interés común.

Entonces, señores que dicen llamarse “progresistas”, pidan cuentas al gobierno saliente con la misma furia que pretenden que en menos de 90 días se solucionen todos los problemas no resueltos durante 22.265 días.

¡JUSTICIA!

Publicado en el Diario Útima Hora el 1º de noviembre de 2008

Se debe apuntar al cambio de la Justicia volviendo a los antiguos valores del respeto, de la educación, de la cultura, y de las obligaciones y no por el de la simple permuta de personas según los nuevos vientos políticos.

En una abarrotada sala de un tribunal del estado de Mississippi, EEUU, el jurado pronunció un veredicto totalmente inesperado: declaró culpable a una empresa química por realizar vertidos tóxicos en el sistema de conducción de agua potable de la ciudad, lo que ha provocado la incidencia de cáncer más alta de la historia.

La empresa inmediatamente apeló al Tribunal Supremo del estado, cuyos nueve jueces deberán confirmar o revocar la sentencia.

El propietario de la empresa al no confiar en que se emita un fallo favorable para sus intereses inició una investigación a la vida íntima de cada juez.

Y aprovechando que existe una vacancia en el Tribunal, decidió presentar su propio candidato, al costo de unos cuantos millones de dólares.

Entonces, contrató a una empresa para que le seleccione un abogado joven y maleable.

Y a este le financió su “lobby”, logró promocionarlo y moldearlo a su gusto y llegó a convertirlo en juez del Tribunal Supremo.

Dicho con otras palabras: Su juez del Tribunal Supremo.

Y con ello el empresario confirmó que la política siempre ha sido un juego sucio que ahora envuelve también a la Justicia.

Lo hasta aquí relatado resume una historia inteligente y una trama bien pensada de la última obra del novelista estadounidense y destacado autor de best sellers John Grisham (Jonesboro, 1955).

“La Apelación” tituló el autor a esta obra que sin dudas se convertirá en un clásico de nuestra era porque muestra directamente el alto riesgo de elegir a los jueces en una sociedad en la cual el dinero y el poder político lo decide todo aunque el costo sea la destrucción del pilar de la democracia: la Justicia.

En “La Apelación”, Grisham nos deja un claro mensaje al suscitar profundas dudas sobre como en el mundo hoy se concibe a la Justicia. Y así como la vida, la confianza se construye día a día y se diluye en un instante, también, como ella, se la valora cuando se advierte su ausencia.

Por eso la ausencia de confianza en la Justicia requiere de un pronto llamado al cambio de un sistema que ha subordinado el bien común general a los intereses personales de quienes manejan los hilos del poder.

Aquellos que deciden por nosotros, cuyas consecuencias nos afectan a la gran mayoría de ciudadanos que intentamos vivir con honestidad pero que terminamos siendo devorados por la mafia del poder fáctico que sostiene y financia a la clase política.

Las dudas sobre el origen legítimo de los fondos que financian campañas electorales son una de las muestras más representativas de esta lamentable situación que acrecienta la impunidad y la consecuente pérdida de confianza en la Justicia.

Ya lo dijo Nicolás Sarkozy al asumir la presidencia de Francia: “Hoy debemos volver a los antiguos valores del respeto, de la educación, de la cultura, y de las obligaciones antes que los derechos. Estos se ganan haciendo valer y respetar los anteriores” (sic).

O sea, debemos apuntar al cambio de la Justicia por las vías señaladas por Sarkozy y no por el de la permuta de personas según los nuevos vientos políticos.

De no ser así, la sociedad seguirá siendo culpable y el delincuente inocente.

Es hora que los administradores de las causas y juicios tomen conciencia que el respeto a las garantías de los que delinquen no pasa por una puerta giratoria para dejarlos libres.

Sin un giro mental el reciente cambio de gobierno pronto pasará a ser historia y podrá llevarnos a un mayor caos: el de la desesperanza.

Es así que este llamado a la reforma del pensamiento debe comenzar por la Justicia.