DEGRADACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO
Publicado en el Diario Útima Hora el 11 de abril de 2008
Asistimos a la quiebra del dique separador entre Gobierno y Estado, o entre interés personal-partidario e interés público.
La degradación del sistema político paraguayo es más que evidente. El oportunismo así como los intereses personales y partidarios que se anteponen a las necesidades de la generalidad de los habitantes resulta más que notorio a medida que se acerca el 20 de abril.
Hay mucha basura bajo la alfombra y la van sacando de a poquito en la medida que aquellos intereses deban tumbar algún enemigo. Para muestra basta el supuesto plagio en que incurrió el Ministro Ramírez en su tesis doctoral que sale a luz casualmente en las puertas de las elecciones generales.
Más allá de que el referido funcionario electoral de alto rango haya incurrido o no en un delito, hecho que debe ser investigado, sin embargo no me cabe la menor duda que es una de las tantas basuritas escondidas bajo la alfombra mugrienta de nuestra denigrante clase politiquera. A su vez, ya no sorprende que sin rubor alguno el presidente de la República reconozca públicamente haber cometido el delito de intromisión en otro poder del Estado.
Esto reconfirma que la Justicia, hoy más que nunca, se encuentra sometida al poder político. Y esto se puso en evidencia al afirmar Duarte Frutos que fue él quien facilitó la libertad de Lino Oviedo. Y, que se sepa, hasta ahora ningún agente Fiscal se ha animado a la apertura a una causa que investigue este nuevo atropello constitucional del primer mandatario.
No me quedan dudas que el estadio de decadencia generalizada actual hace evidente lo que la miope clase gobernante se resiste a reconocer. Hoy ya no se vive en una verdadera república democrática. Esta agoniza bajo su sistema político, conocido como de “patronazgo”. Asistimos a la quiebra del dique separador entre Gobierno y Estado, o entre interés personal-partidario e interés público.
En una república, el gobierno es del partido gobernante y el Estado de todos: vela por el interés general y permanente, y es conducido –nunca usurpado ni usufructuado- por el poder político. En el patronazgo, las decisiones no se encuadran en criterios éticos, morales o normativos. Y es así como la ley, la verdad y el saber, se subordinan al poder.
En este escenario la opinión ciudadana y, por ende, la propia democracia, pierde sentido. Peor aún, las votaciones sólo sirven para exacerbar la prepotencia del poder, y “legitimar” el avasallamiento de los recursos públicos, utilizándolos, a su vez, para torcer los resultados eleccionarios. El enemigo del régimen de patronazgo son los valores y normas de la función pública, barrera que impide al poder político copar los cargos públicos, como vía de acceso al uso discrecional de fondos. No extraña entonces su destrucción. No existen concursos limpios, ni carrera por mérito, ni escuelas de profesiones públicas. Ninguna función es respetada.
En los roles permanentes también se perdieron profesionalidad. No existe autonomía de la carrera judicial o diplomática y el prestigio social de todas es casi nulo. Sin burocracia estable y valorada, se halla ausente la capacidad inherente estatal al control cruzado y de oposición. Hoy, la impunidad y la ilegalidad son la norma estatal y, por contagio, social. Y es así como el Estado no tiene memoria ni visión estratégica futura porque no hay políticas públicas pues lo que de hecho impera es la ausencia de Estado.
Este melodramático escenario recibirá a los próximos gobernantes de un país que no puede seguir anclado al infortunio.
Asistimos a la quiebra del dique separador entre Gobierno y Estado, o entre interés personal-partidario e interés público.
La degradación del sistema político paraguayo es más que evidente. El oportunismo así como los intereses personales y partidarios que se anteponen a las necesidades de la generalidad de los habitantes resulta más que notorio a medida que se acerca el 20 de abril.
Hay mucha basura bajo la alfombra y la van sacando de a poquito en la medida que aquellos intereses deban tumbar algún enemigo. Para muestra basta el supuesto plagio en que incurrió el Ministro Ramírez en su tesis doctoral que sale a luz casualmente en las puertas de las elecciones generales.
Más allá de que el referido funcionario electoral de alto rango haya incurrido o no en un delito, hecho que debe ser investigado, sin embargo no me cabe la menor duda que es una de las tantas basuritas escondidas bajo la alfombra mugrienta de nuestra denigrante clase politiquera. A su vez, ya no sorprende que sin rubor alguno el presidente de la República reconozca públicamente haber cometido el delito de intromisión en otro poder del Estado.
Esto reconfirma que la Justicia, hoy más que nunca, se encuentra sometida al poder político. Y esto se puso en evidencia al afirmar Duarte Frutos que fue él quien facilitó la libertad de Lino Oviedo. Y, que se sepa, hasta ahora ningún agente Fiscal se ha animado a la apertura a una causa que investigue este nuevo atropello constitucional del primer mandatario.
No me quedan dudas que el estadio de decadencia generalizada actual hace evidente lo que la miope clase gobernante se resiste a reconocer. Hoy ya no se vive en una verdadera república democrática. Esta agoniza bajo su sistema político, conocido como de “patronazgo”. Asistimos a la quiebra del dique separador entre Gobierno y Estado, o entre interés personal-partidario e interés público.
En una república, el gobierno es del partido gobernante y el Estado de todos: vela por el interés general y permanente, y es conducido –nunca usurpado ni usufructuado- por el poder político. En el patronazgo, las decisiones no se encuadran en criterios éticos, morales o normativos. Y es así como la ley, la verdad y el saber, se subordinan al poder.
En este escenario la opinión ciudadana y, por ende, la propia democracia, pierde sentido. Peor aún, las votaciones sólo sirven para exacerbar la prepotencia del poder, y “legitimar” el avasallamiento de los recursos públicos, utilizándolos, a su vez, para torcer los resultados eleccionarios. El enemigo del régimen de patronazgo son los valores y normas de la función pública, barrera que impide al poder político copar los cargos públicos, como vía de acceso al uso discrecional de fondos. No extraña entonces su destrucción. No existen concursos limpios, ni carrera por mérito, ni escuelas de profesiones públicas. Ninguna función es respetada.
En los roles permanentes también se perdieron profesionalidad. No existe autonomía de la carrera judicial o diplomática y el prestigio social de todas es casi nulo. Sin burocracia estable y valorada, se halla ausente la capacidad inherente estatal al control cruzado y de oposición. Hoy, la impunidad y la ilegalidad son la norma estatal y, por contagio, social. Y es así como el Estado no tiene memoria ni visión estratégica futura porque no hay políticas públicas pues lo que de hecho impera es la ausencia de Estado.
Este melodramático escenario recibirá a los próximos gobernantes de un país que no puede seguir anclado al infortunio.
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